Los ayoreo, cuyo territorio tradicional abarca desde el sur de Bolivia hasta el sur del Chaco paraguayo, están divididos en tres grupos y son el último pueblo indígena en América que queda fuera de la Amazonía con miembros que no han estado aún en contacto con la civilización, según la ONG Gente, Ambiente y Territorio (GAT).
Los ayoreo reclaman una urgente intervención para "frenar la ilegal deforestación que realiza la firma de origen brasileño Yaguarete Pora S.A." en sus bosques.
GAT y la Organización Payipie Ichadie Totobiegosode (Opit) denunciaron este jueves nuevas acciones de desmonte por parte de esa compañía, detectadas gracias a imágenes de satélite, en el área considerada por el Estado en 2001 como reserva cultural y natural y como parte del territorio ancestral de los ayoreo.
Estudios geográficos, jurídicos y antropológicos demuestran que el territorio histórico de los ayoreo ocupa unas 550.000 hectáreas, que ellos reclaman al Estado desde 1993, cuando los primeros grupos comenzaron a abandonar su entorno natural huyendo de la tala ilegal, según dijo a Efe su representante jurídico, Julio Duarte.
El abogado reclamó a la Secretaría del Ambiente (Seam) y al Instituto Forestal Nacional (Infona) que exijan a la empresa Yaguareté Porá que cese de talar árboles porque está incurriendo en una acción ilegal que viola una resolución gubernamental y una sentencia del Tribunal de Cuentas.
"Las recurrentes deforestaciones afectan los derechos individuales y colectivos de esta población indígena, cuya protección está garantizada en la normativa nacional vigente en el Estado paraguayo y en los convenios Internacionales ratificados" por Paraguay, según un comunicado de GAT.
A pesar de ello, la SEAM otorgó en enero de este año una renovación de licencia ambiental a Yaguarete Pora, cuando ya existía una resolución anterior que condicionaba la renovación a que la empresa presentara un nuevo estudio de impacto ambiental, algo que nunca se produjo, según Duarte.
En abril, el Consejo Nacional del Ambiente (Conam) recomendó a la Seam que cancelara la licencia ambiental a la firma Yaguarete Pora, tras analizar los informes de las comisiones de Biodiversidad, Pueblos Indígenas, Legislación Ambiental y Asuntos Internacionales del Congreso.
Según la Comisión legislativa de Pueblos Indígenas, la licencia "viola marcos legales nacionales e internacionales, en especial lo relacionado a la protección de los territorios y el deber (obligación) de consulta del Gobierno para con los pueblos indígenas".
Los representantes mantienen que las vidas de los indígenas en aislamiento voluntario "corren serio riesgo por la acelerada deforestación de su territorio".
Duarte aseveró que, aunque los indígenas no renuncian a las 550.000 hectáreas originales, quieren garantizar unas 200.000 hectáreas para preservar su modo de vida, idioma, cultura y el hábitat natural en el que viven desde antes de la colonización española.
"El Estado debe trabajar en conjunto para que se adquiera esa propiedad y le dé seguridad jurídica a los indígenas en todo su territorio", manifestó el abogado.