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Desvirtuando prejuicios sobre la actividad forestal

Han transcurrido 25 años desde la promulgación de la Ley Forestal 1700, aprobada después de casi 5 años de intensos y profundos debates en varios escenarios nacionales y donde los actores políticos, las organizaciones ecologistas e indigenistas de tierras bajas de aquellas épocas, contra las entidades empresariales, especialmente la Cámara Forestal de Bolivia, se “batieron” en encarnizados y ásperos debates.

Más allá de las consideraciones que podemos tener de aquel proceso, que finalmente se tradujo en la referida Ley que instauró un nuevo régimen forestal en el país, existe un elemento que en los años subsiguientes se pudo superar en gran medida, pero que hoy está volviendo a reinstalarse y nos genera mucha preocupación por lo nefasto que fue y podría volver a ser.

Nos referimos a los “prejuicios” que existen sobre el sector y la actividad forestal, maderera en particular, por parte de algunos actores, especialmente políticos y dirigentes sectoriales del ámbito rural que tienen mucho poder.

En los últimos 10 años se han elaborado varios proyectos de ley para modificar la Ley Forestal 1700. Casi todos han sido presentados a la Asamblea Legislativa desde distintas fuentes. Aquello no está mal pues, es indiscutible que, el régimen forestal necesita ajustes.

Lo que preocupa sobremanera, por el contenido de dichos proyectos, es el nivel de prejuicio y desconocimiento con que se pretende volver a regular a la actividad forestal. Es un tema en extremo preocupante porque está más que comprobado que regular a una actividad desconociéndola o con prejuicios maliciosos, es nefasto para el país, no solo para los actores involucrados.

Pero, ¿a qué prejuicios nos referimos? Los más comunes son aquellos que insisten en atribuirle a la actividad forestal la deforestación de los bosques y daños al medio ambiente; la supuesta facilidad y rapidez con que se obtienen réditos económicos; mostrar al operador privado como ventajista que se aprovecha del comunario pagando “migajas” por los árboles que le compra; que los empresarios madereros solo exportan materia prima; que exportan las maderas de mejor calidad y dejan la peor al mercado interno; que la actividad maderera no genera beneficios socioeconómicos al país; que los operadores privados se han apropiado de la mayor parte de los bosque productivos del país, etc., etc.

Estos son los prejuicios más comunes y los que permanentemente se esgrimen para regular a la actividad forestal, cuyo trasfondo es, en realidad, “escarmentar” y afectar los derechos de los empresarios madereros y no así promover el desarrollo forestal sustentable.

En este marco y ante la eventualidad de un futuro tratamiento de una nueva ley forestal o de bosques, analicemos cada uno de los prejuicios señalados.

 

La deforestación y daños al medio ambiente.

Si existe un enemigo de la actividad forestal y maderera, es la deforestación. Se debe entender que la deforestación es una práctica manual o mecánica, que convierte los suelos con cobertura boscosa en suelos para cultivos agropecuarios. La deforestación es la tala rasa y posterior quema del bosque, porque en los hechos el bosque les estorba y necesitan destruirlo para poder cultivar.

En cambio, la actividad maderera solo aprovecha determinadas especies, previamente identificadas y autorizadas por la autoridad, con diámetros mínimos para ser cortados. En operaciones de aprovechamiento maderero, el promedio de corta de árboles por hectárea es de 3 árboles adultos. En los hechos, es una especie de poda al bosque que le facilita y coopera a su regeneración natural.

En razón de esta práctica silvicultural, que considera varias otras medidas de mitigación de daños al bosque, la actividad maderera es absolutamente amigable con la ecología y el medio ambiente.

 

La supuesta facilidad y rapidez con que se obtienen réditos económicos.

Quienes desconocen la actividad maderera o quienes esgrimen prejuicios maliciosos e interesados, afirman que la actividad maderera es fácil y muy lucrativa. Ojalá así lo fuera, porque aquello ayudaría a mantener más bosques libres de la deforestación, generando extraordinarios servicios ambientales y económicos para la sociedad; los operadores comunitarios, que detentan más del 75% de los bosques productivos del país, habrían salido de la pobreza y sus comunidades serían ejemplo de bonanza y desarrollo humano, pero lamentablemente no es así.

La actividad maderera es en extremo compleja, cara y de mucho riesgo. Abandonada por el Estado en cuanto a apoyo financiero y tributario; exageradamente regulada y llena de trabas burocráticas.

Estos aspectos pueden ser perfectamente contrastados, en especial en los últimos 10 años en los que la crisis los ha golpeado de manera radical; han perdido casi 4 millones de hectáreas de bosque consecuencia de avasallamientos y despojos, y se cerraron más de 70 empresas concesionarias. Lamentablemente, ningún actor forestal es bienvenido en el sistema financiero y se han tenido que cerrar más de 5.000 unidades productivas. Saque sus conclusiones.

 

Muestran al operador privado como ventajista, que se aprovecha del comunario pagando “migajas” por los árboles que le compra.

Esta es la mentira de moda, cargada de una demagogia absurda. Quienes conocen la actividad maderera saben que, en primer lugar, el bosque y por ende el árbol, es propiedad del pueblo boliviano, administrado por el Estado.

Muchas comunidades indígenas y campesinas se han beneficiado con bosques y, lamentablemente, no tienen aún la capacidad de aprovecharlos de manera directa; de ahí que recurren a vender dichos árboles a terceros, entre ellos a empresarios madereros.

El precio del árbol en pie lo fija el mercado, como debe ser, pues económicamente dicho árbol no tiene gran valor, salvo el ambiental. Para que el árbol adquiera valor comercial deben realizarse inversiones y gastos muy significativos que, generalmente, los prejuiciosos desconocen. La agregación de valor se inicia con el proceso de inventario y plan de manejo, apertura de caminos, censo, corte, arrastre, rodeo, transporte a planta de aserrío, conversión a tabla y posteriormente a otros subproductos.

Queda claro que, dichos gastos e inversiones son los que le dan valor comercial al árbol una vez se ha convertido en producto.

 

Que los empresarios madereros solo exportan materia prima.

Esta mentira es de las más comunes y antiguas. En la industria maderera a nivel mundial, se considera materia prima a la rola o tronca. De Bolivia jamás se han exportado rolas o troncas. El producto con menos procesamiento que se exporta son las traviesas para vías férreas que, en los hechos, es un producto final, y los tablones de hasta 20 pulgadas de algunas especies con poco valor comercial.

Las tablas son un producto semielaborado y ellas significan el 54% del valor exportado. Los productos acabados significan el 46% del valor exportado (2020).

 

Que se exportan las maderas de mejor calidad y dejan la peor al mercado interno.

Este prejuicio cae por su propio peso. Si analizamos las estadísticas de exportaciones de Bolivia de los últimos 20 años, las exportaciones de productos de madera apenas significan el 15% del volumen producido en el país.

 

Que la actividad forestal no genera beneficios socio económicos al país.

Otra falacia y un desconocimiento absoluto de la actividad forestal. En efecto, más allá de los beneficios socioeconómicos directos que genera a través de los empleos formales que, según fuentes oficiales, favorecen a alrededor de 90.000 familias y 180.000 de manera indirecta, de las cuales más del 60% son rurales, la actividad forestal y maderera en especial, además de pagar impuesto al régimen tributario general (IT, IVA, IUE, etc.), paga la patente forestal y la Tarifa de Regulación Forestal que, en promedio significan $US 8 anuales por hectárea de bosque aprovechado.

No existe otro sector productivo rural que contribuya más al Estado con el pago de impuestos y contribuciones que el sector forestal.

 

Que los operadores privados se han apropiado de la mayor parte de los bosques productivos del país.

Quienes esgrimen este argumento, más allá de su mala intención, tienen un lamentable desconocimiento de la realidad forestal de Bolivia.

Según fuentes oficiales, Bolivia contaría con alrededor de 28 millones de hectáreas de bosques productivos o tierras de producción forestal permanente. Probablemente esa cifra era real en el momento que se hizo el estudio, hace más de 20 años atrás. Hoy, si existen 20 millones de hectáreas de bosques productivos, sería extraordinario, porque el resto ya pasó a manos de la deforestación.

Sin embargo, según datos de la ABT, cerca del 75% de los bosques productivos o tierras permanentes de producción forestal, están bajo derecho exclusivo de los pueblos indígenas de tierras bajas o sea dentro de los TIOC.

Las empresas madereras tienen derechos forestales sobre apenas 2 millones de hectáreas de bosques en todo el territorio nacional; es decir, sobre un 7.2% de los bosques productivos del país.

Como hemos podido constatar, los prejuicios y falacias que existen sobre el sector y la actividad forestal no tienen sustento alguno y solo sirven para justificar acciones destinadas a destruir al sector empresarial, desconociendo su valor y contribución socioeconómica y ambiental al país.

Con este contexto, corresponderá a los actores y decisores políticos, así como a las organizaciones y entidades civiles relacionadas e interesadas en el desarrollo forestal sustentable, llevar adelante un proceso que priorice con sensatez, el desarrollo y conservación de nuestros bosques.

Es el momento de concebir, antes que nada, una política de Estado para los bosques y la actividad forestal, sustentada en los principios constitucionales de respeto a la capacidad de uso mayor del suelo, la seguridad jurídica y el fomento a las actividades productivas y las plantaciones forestales.

Esta política de Estado debe ser la base para una nueva ley forestal o de bosques, que nos permita avanzar cualitativamente en la conservación y desarrollo forestal, estableciendo esquemas de complementariedad de largo plazo entre comunidades y empresas; garantizando acciones jurídico administrativas que den estabilidad a los bosques y a los derechos forestales frente a los avasallamientos y la deforestación; que introduzca políticas de gobierno para apoyar logística y económicamente la reconversión tecnológica para todos los actores, desde productores primarios hasta industrias y carpinterías, y las plantaciones forestales comerciales o industriales. 

Urge abrir un espacio de discusión colectiva, pero libre de prejuicios e intenciones mezquinas y particulares, que no contribuyen a la necesidad de avanzar como país para consolidar bosques de producción y derechos forestales protegidos jurídica y administrativamente de aquellas prácticas avasalladoras y destructivas, que nos permitan proyectar a la actividad forestal indefinidamente en el tiempo, generando bienestar social y ambiental y desarrollo económico para el país.

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