Bolivia posee más de 50 millones de hectáreas de bosques naturales, lo que representa cerca del 50% de territorio nacional cubierto de vegetación, en diferentes pisos ecológicos y brindando muchos beneficios a la población boliviana, a la región y al mundo entero.
Desde la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra, se tiene la difícil misión de fiscalizar y controlar que el manejo que se haga de ese bosque, sea enmarcado en las leyes y normas forestales y agrarias vigentes, sin embargo, de un tiempo a esta parte, este marco legal está en muchos casos obsoleto y no se adecua a los principios y orientaciones de la Nueva Constitución Política del Estado, promulgada el 9 de febrero de 2009. Tenemos la tarea de trabajar en un marco legal adecuado a las nuevas exigencias y enmarcado en la CPE.
El impacto socioeconómico y ambiental de la actividad forestal en Bolivia, es altamente positivo, pues la misma incide en un 0,7% en el PIB Nacional, sin embargo, falta incentivar aún más a este sector, seguir insistiendo en que todos deben enmarcar sus actividades en la legalidad, que deben promover y dinamizar las economías locales, se debe trabajar en incentivar la producción de artículos terminados, que generen valor agregado, que la riqueza generada beneficie a más gente, que mejore la economía de las familias involucradas, que se diversifique el aprovechamiento forestal; en definitiva, que se cambie el enfoque de aprovechamiento de especies maderables con alto valor comercial, a un enfoque de aprovechamiento y manejo integral del bosque.
El bosque con sus interrelaciones, debe permitir a quienes viven de él, que se puedan desarrollar actividades como el turismo, aprovechamiento de especies no maderables, frutos amazónicos, piscicultura, apicultura, medicina natural, aprovechamiento de flora y fauna silvestre, investigaciones científicas, etc.
Es cierto que el país necesita seguridad alimentaria, y por ello es importante combinar de manera eficiente y adecuada, los diversos sistemas productivos como agricultura, ganadería, forestería comunitaria, utilizando modelos productivos que eviten el deterioro del suelo, que recreen a los ecosistemas, de modo que los ciclos de vida no se vean interrumpidos. Sistemas alternativos como ganadería semintensiva, agroforestería, agrosilvopasturas, horticultura, y otros, generan mayores ingresos y utilizan más mano de obra, por lo que se deben incentivar.
Por otro lado, se debe priorizar acciones tendientes a prevenir y controlar la ocurrencia de incendios forestales, empleando todas las herramientas a nuestro alcance, coordinando entre todas las instituciones, organizaciones sociales, entidades del Estado, gobiernos subnacionales, sociedad civil organizada, cooperación internacional, fuerzas armadas, bajo el lema ¡Chiquitanía sin incendios, responsabilidad de todas y todos!
De los 10 millones de hectáreas bajo manejo forestal, el 80% está en manos de las comunidades indígenas y campesinas y solamente el 20% en manos privadas. Sin embargo, los empresarios privados son los que invierten para el aprovechamiento de la madera en los planes de manejo de las comunidades y TCOs.
Recordemos que la Constitución Política del Estado, en el Artículo 311 parágrafo II, numeral 2, indica que “Los recursos naturales son de propiedad del pueblo boliviano y serán administrados por el Estado”, y en el numeral 4 refiere que “El Estado podrá intervenir en toda la cadena productiva de los sectores estratégicos, buscando garantizar su abastecimiento para preservar la calidad de vida de todas las bolivianas y todos los bolivianos”.
También la CPE en el Artículo 348, parágrafo II menciona que “Los recursos naturales son de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país”, y en el Artículo 386 se refuerza indicando que “Los bosques naturales y los suelos forestales son de carácter estratégico para el desarrollo del pueblo boliviano. El Estado reconocerá derechos de aprovechamiento forestal a favor de comunidades y operadores particulares. Asimismo, promoverá las actividades de conservación y aprovechamiento sustentable, la generación de valor agregado a sus productos, la rehabilitación y reforestación de áreas degradadas”, por lo que toda la cadena productiva debe estar bajo el control del Estado, a través de las instituciones del Estado Plurinacional de Bolivia.
En ese sentido, en el sector forestal se deben establecer los mecanismos para que estos preceptos constitucionales sean realidad y que los actores sociales y productivos ligados a la actividad se beneficien de la misma.