Desde 2021, cuando se creó el área protegida municipal, avanzan con los desmontes. Un concejal del MAS de San Ignacio de Velasco llevó a los funcionarios del INE para hacer el levantamiento de los datos

A poco más de un mes de la realización del censo 2024 se retomaron los desmontes en la reserva forestal y también Área Protegida Municipal (APM) Bajo Paraguá.

Desde 2021, justo después de promulgada la ley por la Alcaldía de San Ignacio de Velasco, empezaron las agresiones a Bajo Paraguá, traducidas en deforestación y presión de parte de comunidades cercanas, entre estas San Martín, para ser reconocidos como propietarios pre constituidos dentro de casi un millón de hectáreas de bosque seco chiquitano.
 
Con el uso de maquinaria pesada, hasta enero de este año, la superficie desmontada ya alcanzaba las 329,4 hectáreas, según el último informe de la Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano (FCBC).

Todo esto ocurre a pesar de que, en agosto de 2021, el INRA ratificó que no dio resoluciones de asentamientos, y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosque y Tierra (ABT) reconoció la ilegalidad de los desmontes.

Con miras al censo

Luego de las denuncias sobre la nueva deforestación, EL DEBER accedió a los informes escritos presentados ante el Concejo Municipal de San Ignacio de Velasco, que prueban la intención de los avasalladores de hacerse ‘contar’ por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), a poco tiempo de la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda 2024, del 23 de marzo.

Tres fueron los actores que entregaron sus respectivos informes ante el Legislativo Municipal: el INE, que hizo un relevamiento de datos dentro del Área Protegida Bajo Paraguá; el concejal del MAS, Víctor Flores, que llevó a los funcionarios del INE hasta esa reserva natural; y, por último el chofer del vehículo que los transportó hasta la zona.

En el informe del INE aparecen al menos cuatro de las siete comunidades que desde hace tiempo piden quitar blindaje a 25.000 ha del área protegida Monte Grande, Los Cedros, Villa Verde y 15 de octubre.

De acuerdo al reporte, fechado 24 de enero, en un recorrido del 19 y 20 de enero se realizó la “inspección de la existencia y verificación de las diferentes comunidades del área censal 1 y 2”, a cargo de los jefes de área dispersa Juvenal Rebollo y Miguel Ángel Zeballos, y “en compañía del concejal Víctor Flores”.

Adjunto al informe del INE, se detalla el recorrido de esos dos días, y se constata que el 19 de enero, los participantes visitaron 16 comunidades, de las cuales cuatro son aspirantes a dotación dentro del APM Bajo Paraguá, tal como evidencia una carta del 14 de febrero de 2023, dirigida al Comité de Gestión.

En esa misiva, remitida por la Subcentral Sindical Única de Trabajadores Campesinos “Agropecuaria Monte Verde”, siete supuestas comunidades se dirigen al Comité de Gestión del APM Bajo Paraguá, asegurando que se encuentran asentadas sobre más de 25.000 hectáreas.

“Con la declaratoria de APM nuestras comunidades han sido afectadas; sin embargo, nos proponemos coadyuvar en la protección y defensa del área, declarándonos guardianes del bosque, y evitando nuevos asentamientos”, indica el documento.

El reporte del INE dice que las supuestas comunidades Los Cedros y Monte Grande solo cuentan con una sede comunal; mientras que Villa Verde ya tiene 12 casas construidas, y sus dirigentes aseguraron que seguirán construyendo.

Por último, 15 de Octubre es la que más avance en daño a la reserva mostró. “Cuenta con varias viviendas establecidas y habitadas”, aseguraron los enviados del INE.
 
El concejal Víctor Flores, responsable de llevar a los agentes censales hasta el APM, en su informe al Legislativo Municipal indicó que cuando se encontraban en la comunidad San Martín, de donde recogerían al responsable censal 1, tres señoras esperaban y subieron al vehículo del Concejo para guiarlos a las comunidades, empezando por las más alejadas.

“No pude decirles algo porque son parte de la Subcentral Monte Verde, y tampoco conozco la demarcación de la reserva municipal Bajo Paraguá”, aseguró Flores.

En su mismo informe, el concejal admitió que el chofer les alertó sobre que ya estaban en el APM y que si continuaban habría problemas.

“Al retornar entramos donde había un galpón de calaminas, con personas en camping, era Monte Grande. Luego entramos a Villa Verde, la mayoría de la Central San Martín, donde había cultivos y gente habitando”, dejó constancia Flores.

Por último, en sus conclusiones, insistió que desconoce los límites del APM, y que su “error fue no tener el valor de decir a las señoras que no ingresaría a la reserva”. 

Estas afirmaciones las hizo a pesar de que, en el mismo documento, admitió que el objetivo del recorrido era “tomar datos de las nuevas comunidades que no aparecen en el mapa censal, para que sean censadas este 23 de marzo”.

Si bien Víctor Flores aseguró que desconoce los límites del APM Bajo Paraguá, en junio de 2021, cuando era presidente del Concejo Municipal ignaciano, fue parte de la comitiva que acompañó a la ABT a una inspección en el APM, para verificar los asentamientos, y entregar citaciones a los deforestadores.

Según el concejal Cristian Méndez, se delegó a Flores para guiar a los funcionarios del INE por su conocimiento de la zona y de las comunidades, especialmente del distrito 7 de San Ignacio de Velasco.

Un tercer informe presentado al Concejo fue el de Guelgue Añez Salvatierra, el chofer que transportó a Víctor Flores, a los funcionarios del INE y a las tres señoras.

Explicó que quisieron que vaya a una comunidad inexistente, El Salvador, después a Villa Verde, Los Cedros y a Monte Grande, donde solo existían tinglados y desmontes. “En estas tres comunidades no existen habitantes, solo galpones”, indicó.

Impunidad

Consultada la ABT sobre las razones para limitarse a iniciar procesos administrativos, y no penales, el responsable nacional de Manejo de Bosque y Tierra, que antes fuera responsable de la oficina de la ABT en San Ignacio, Franz Valdez, respondió que los procesos penales le competen al alcalde, Rudy Dorado, por tratarse de un área municipal.

Admitió que la primera denuncia ingresó en 2021, y que hubo nuevos desmontes en 2022 y 2023. “Hasta el momento tenemos cuatro procesos abiertos por desmontes. En 2022 se hizo llegar el estado actual de los procesos administrativos al Concejo, al Comité Cívico, y también a la Alcaldía, para que ellos tengan conocimiento, y también se hizo llegar a la Gobernación”, explicó Valdez.

El abogado experto en temas ambientales y forestales, José Luis Zabala, insistió en que el APM debe tener un plan de manejo que establece la zonificación para el uso del suelo, y que en base a ese plan, el director del APM es la máxima autoridad del lugar, y responsable de iniciar los procesos administrativos y penales. 

Sobre el papel de la ABT, dijo que no existe normativa específica, pero que hay decretos supremos que prohíben desmontes en reservas forestales.

La presidenta del Comité de Gestión de Bajo Paraguá, Maida Peña, confirmó la existencia de un plan de manejo, pero dijo que no hay director porque a la Alcaldía “no le da la gana de hacer nada”.

Según reportes de Rainforest Trust, un fondo para la conservación, se han destinado 2,3 millones de dólares para Bajo Paraguá, administrados por Fundación Natura. El concejal Méndez aseguró que no se requiere contraparte municipal para destinar estos recursos a Bajo Paraguá.

PARA SABER
DOBLE BLINDAJE

Se supone que Bajo Paraguá está dos veces protegida, primero por ser reserva forestal y en segundo lugar por ser área protegida municipal. Sin embargo, ni la ABT ni la Alcaldía de San Ignacio de Velasco han adoptado medidas de fondo, como el decomiso de maquinaria pesada o procesos penales.

COMO EN EL CHORÉ

Conocedores aseguran que la estrategia en Bajo Paraguá es similar a la usada en El Choré en 2012. Ante la ilegalidad de las acciones de asentamiento, buscan ser reconocidos a través del censo, para luego ser incluidos en un POA.

Cifras

• 2,3 MILLONES DE DÓLARES
• Son los fondos administrados por la Fundación Natura para la protección de Bajo Paraguá
• 329,4 HECTÁREAS DESMONTADAS
• Es el avance de los avasalladores desde 2021 hasta la fecha, según monitoreo de la FCBC